La organización ciudadana Somos México (Somos MX) promovió una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra militantes de Morena. La agrupación argumenta que personas vinculadas a dicho partido político obtuvieron y utilizaron de forma indebida información confidencial de su padrón de afiliados con el propósito de interponer recursos y objeciones legales encaminadas a bloquear su registro formal como partido político nacional.
El representante legal de Somos MX, Carlos Ferrer, explicó que las listas de afiliados en proceso de registro son datos estrictamente confidenciales bajo resguardo exclusivo del Instituto Nacional Electoral (INE), señalando que militantes de Morena presuntamente accedieron a bases de datos protegidas pertenecientes a su organización y a otras tres agrupaciones en vías de constitución. Por ello, la denuncia penal se interpuso en contra de Emmanuel Josué Díaz Malvaez, Nora Delgado Ochoa, Alma Elisa Zavala Ríos, Yamilet Alejandro Candelaria, Carlos Fernando Hazel Calvillo Reynoso y un implicado clasificado bajo la figura de «dato protegido», al tiempo que solicitaron al Órgano Interno de Control del INE indagar una probable filtración interna.
En lo que respecta a la impugnación ante el TEPJF, Somos MX busca invalidar el procedimiento sancionador iniciado en su contra al aducir que está sustentado en pruebas obtenidas de manera ilícita. Las acusaciones de Morena refieren que 878 personas registradas en la organización civil son simultáneamente ministros de culto, lo cual prohíbe la ley electoral; sin embargo, la agrupación descartó la acusación demostrando que solo detectaron 16 casos de homonimia y negando que miembros del clero coordinaran sus asambleas o afiliaciones.
Por último, el presidente de la organización, Guadalupe Acosta Naranjo, acusó públicamente al diputado federal Sergio Gutiérrez Luna de operar ante los órganos electorales para obstaculizar el surgimiento de nuevas fuerzas políticas, mientras que la representación jurídica advirtió que no permitirán el uso de datos confidenciales como arma política.
