La administración federal y la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) mantienen una confrontación pública tras la formalización de una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI). El recurso legal interpuesto por la oposición busca que el organismo internacional investigue la estrategia de seguridad denominada Abrazos, no balazos, implementada durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Jorge Romero, presidente nacional del PAN, argumentó que la gestión de seguridad federal derivó en una de las etapas con mayores índices de violencia en la historia contemporánea del país. Según el dirigente, el recurso ante instancias externas responde a una presunta falta de autonomía en el Poder Judicial de la Federación, lo que, a su juicio, impide un proceso imparcial en tribunales mexicanos.
El documento presentado ante la CPI señala presuntos crímenes de lesa humanidad, derivado de supuestos acuerdos entre actores políticos y grupos delictivos. La parte demandante sostiene que dicha política permitió el fortalecimiento de organizaciones criminales, impactando directamente en el incremento de personas desaparecidas y homicidios dolosos.
- Señalalamientos de impunidad ante el empoderamiento del crimen organizado.
- Mención específica de crisis de violencia en entidades como Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán.
- Acusaciones sobre pactos que habrían vulnerado el Estado de Derecho.
Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desestimó la acción legal de la oposición. La mandataria calificó la postura del PAN como una contradicción política, sugiriendo que el partido intenta desviar la atención de sus propias gestiones previas en materia de seguridad.
La titular del Ejecutivo cuestionó la credibilidad de la denuncia y defendió la soberanía nacional frente a la intervención de organismos internacionales en decisiones de política interior. Sheinbaum enfatizó que este tipo de acciones forman parte de campañas de comunicación dirigidas a desgastar la imagen de la administración saliente y la actual.
La controversia no se limita a la figura del expresidente. El PAN ha extendido sus críticas hacia gobernadores de Morena, mencionando casos específicos en entidades donde la violencia se ha recrudecido recientemente. Entre los nombres citados por la dirigencia albiazul se encuentran Rubén Rocha en Sinaloa, Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán y Américo Villarreal en Tamaulipas, vinculándolos a investigaciones externas por la situación operativa en sus territorios.
Este choque institucional ocurre en un momento donde la seguridad se mantiene como la prioridad en la agenda nacional. En el caso de Querétaro, el estado ha buscado diferenciarse mediante el fortalecimiento de sus corporaciones locales y la inversión en tecnología de vigilancia, posicionándose frecuentemente en el debate político como un contraste al modelo federal que hoy es objeto de revisión internacional. La entidad, gobernada por Acción Nacional, suele ser citada en estos intercambios como un referente de estrategias locales frente a los lineamientos dictados desde el centro del país.
La denuncia ante la Corte Penal Internacional abre un nuevo capítulo en la relación entre el gobierno de la Cuarta Transformación y la oposición, en un contexto donde el sistema judicial mexicano atraviesa por un proceso de reforma estructural que ha polarizado las opiniones sobre la impartición de justicia en México.
