Por: Dra. Consuelo Rosillo
En fechas recientes, el debate en torno a la identidad de género y los derechos de las infancias ha acaparado la atención en nuestro estado, desatando una profunda polarización en las redes sociales y en la opinión pública. Como sociedad, es natural que existan opiniones encontradas respecto a si el reconocimiento de la identidad de género debe o no estar condicionado a alcanzar la mayoría de edad. Sin embargo, más allá de las posturas personales, resulta imperativo analizar este fenómeno desde la lente objetiva del derecho y la realidad social. Hacia mediados de este 2026, el Estado mexicano se encuentra en una coyuntura crítica donde la jurisprudencia impulsada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra frente a frente con una innegable crisis de salud pública y un evidente rezago legislativo en diversas entidades federativas.
Desde el ámbito estrictamente legal, la actividad jurisdiccional de nuestro Máximo Tribunal ha establecido un precedente histórico al invalidar leyes en estados como Guerrero y Puebla, argumentando que restringir la modificación de actas de nacimiento por motivos de edad vulnera derechos fundamentales. Apoyándose en los Artículos 1 y 4 Constitucionales, la SCJN ha determinado que el derecho a la identidad de género es un componente esencial para el libre desarrollo de la personalidad y no puede postergarse mediante prohibiciones absolutas que fallen el test de proporcionalidad. Bajo esta premisa, se ha ordenado a los Congresos locales un plazo de doce meses para legislar y establecer procedimientos administrativos ágiles y gratuitos, aunque la respuesta estatal ha sido sumamente heterogénea; mientras entidades como Oaxaca permiten el trámite sin restricciones de edad, otras como Puebla se mantienen en desacato ante la falta de consenso legislativo.
A la par del debate constitucional, existe una dimensión humana que no podemos soslayar. Los datos más recientes de organizaciones como The Trevor Project revelan una crisis alarmante en materia de salud mental, evidenciando que la falta de aceptación familiar y escolar eleva drásticamente el riesgo de suicidio. Las estadísticas muestran que el sesenta y siete por ciento de las juventudes con identidades diversas presentan ideación suicida, y hasta un cuarenta y cinco por ciento de las juventudes trans reportaron un intento en el último año. Frente a esta vulnerabilidad, que señala al entorno familiar y escolar como los principales factores de riesgo, instituciones como el Sistema Nacional DIF han emitido guías jurídicas para orientar a las autoridades y Procuradurías de Protección en la representación legal de los menores, buscando garantizar una vida digna y frenar las prácticas nocivas que exacerban esta precariedad extrema.
El panorama actual nos demuestra que la inercia legislativa tiene un costo altísimo para el tejido social. La exigencia principal no radica en imponer una ideología, sino en cumplir con la obligación del Estado de desmantelar procedimientos patologizantes y reconocer la autonomía progresiva de las infancias bajo estándares interamericanos. Permanecer en la indefinición legislativa es profundamente dañino, pues provoca una grave falta de seguridad jurídica para la ciudadanía. Independientemente de los consensos que se alcancen y lo que finalmente se apruebe en los recintos legislativos, la sociedad queretana y mexicana merece reglas claras, transparencia institucional y una difusión adecuada de las normativas. Solo a través de la claridad jurídica podremos transitar del encono social hacia un verdadero estado de derecho, donde la dignidad humana y la seguridad de todos los ciudadanos estén plenamente garantizadas.
