Dos exfuncionarios de alto nivel de la extinta Policía Federal, quienes operaban bajo la gestión del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, recibieron inhabilitaciones de hasta 20 años para ejercer cargos públicos y multas que superan los 65 millones de dólares tras comprobarse su responsabilidad en un desvío millonario.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, por medio de la Unidad de Combate a la Impunidad, detalló que las investigaciones determinaron que la exsecretaria general de la corporación, Frida Martínez Zamora, y el exjefe de la División de Inteligencia, Damián Canales Mena, incurrieron en faltas administrativas graves. Esta resolución fue ratificada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, validando el bloqueo institucional para que ambos ex servidores se desempeñen en la función pública.
En el desglose de los castigos, la autoridad federal precisó que Martínez Zamora recibió un veto de 20 años fuera del servicio público, en tanto que Canales Mena quedó suspendido por un periodo de 15 años. El monto de la sanción económica global equivale a los recursos públicos que los implicados retuvieron indebidamente a una empresa proveedora durante el periodo comprendido entre 2016 y 2018.
Los expedientes del caso revelan que el fraude se originó a partir del desvío de los fondos destinados al cumplimiento de un contrato con la firma israelí Rafael Advanced Defense System LTD, adquirido a finales de 2015. El acuerdo contemplaba la implementación del software de vigilancia masiva “Rafael”, diseñado supuestamente para el análisis y explotación de información de inteligencia de la Policía Federal y la Gendarmería.
A pesar de que la administración cubrió un anticipo inicial de 39.2 millones de dólares y liquidó cuatro facturas subsecuentes por 26.3 millones de dólares, los pagos hacia la contratista se interrumpieron abruptamente a mediados de 2016, aún cuando el presupuesto ya se encontraba debidamente asignado. Las indagatorias de la dependencia federal demostraron que la plataforma tecnológica nunca entró en operación, detectándose además que la exsecretaria general realizó viajes a Israel con gastos totalmente financiados por la empresa proveedora.
