Las agresivas políticas de deportación implementadas por la segunda administración del presidente Donald Trump han dejado una profunda huella en miles de hogares. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, más de 145 mil niños con ciudadanía estadounidense han sufrido la detención de al menos uno de sus padres, mientras que más de 22 mil menores han padecido el arresto de ambos progenitores, reveló un detallado informe de la Brookings Institution.
El desglose estadístico del estudio precisa que un total de 146 mil 635 menores han sido directamente afectados por los operativos de control migratorio. De esta cifra, el impacto ha sido severo en las infancias más tempranas, ya que el 36.5 % corresponde a niños menores de seis años, un 36.1 % se ubica en el rango de los seis a los 12 años, y el porcentaje restante lo componen adolescentes de entre 13 y 17 años. En cuanto al origen de las familias golpeadas por estas medidas, la comunidad mexicana encabeza la lista con el 53.7 % de las detenciones, seguida por ciudadanos de Guatemala con un 15 % y de Honduras con el 10.7 %.
Geográficamente, el estado de Texas y el Distrito de Columbia concentran la mayor proporción de afectaciones, registrando una tasa superior a cinco menores ciudadanos por cada mil que han visto a un progenitor ser arrestado por las autoridades. La intensidad de las jornadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantiene actualmente a unas 60 mil personas bajo custodia activa, mientras que casi 400 mil civiles han sido canalizados a distintos centros de detención a lo largo del territorio estadounidense, detonando una ola de protestas sociales a nivel nacional.
El panorama a futuro luce aún más complejo para las familias en estatus irregular. El análisis de Brookings advierte sobre la existencia de un subregistro y una falta de datos fiables respecto al destino de los niños que quedan en el abandono tras los operativos, debido a que la mayoría de los migrantes evitan el contacto con los sistemas oficiales de bienestar infantil por temor. Ante el riesgo latente que corren los más de 4.6 millones de menores estadounidenses que viven con padres indocumentados, diversas organizaciones civiles han comenzado a urgir a las familias a diseñar planes de emergencia y designar formalmente a tutores cercanos en caso de una separación forzada.
