Rechaza Comisión Cuentas Públicas 2024

La Comisión Especial de Vigilancia del Informe General e Informes Individuales de las Cuentas Públicas emitió un fallo sin precedentes al declarar como no revisadas las cuentas del ejercicio fiscal 2024. Con una votación de dos votos a favor y uno en contra, la diputada Claudia Díaz Gayou y los integrantes de la Comisión aprobaron 52 dictámenes individuales bajo esta determinación, la cual afecta a 16 municipios, 2 organismos autónomos, 29 entidades paraestatales y 5 paramunicipales.
La postura técnica de la legisladora sostiene que el proceso de fiscalización careció de la profundidad necesaria para validar el manejo de los recursos públicos. Entre las deficiencias estructurales detectadas, se denunció que la cobertura de las auditorías fue sumamente limitada: el 42.3% de los entes fiscalizables quedó fuera de revisión, y del total del gasto público auditable, únicamente se analizó el 64.9%. Estos márgenes, según el análisis presentado, impiden otorgar certeza jurídica y transparencia al gasto estatal.
A diferencia de los últimos 10 años, esta vez el Congreso local identificó que no se proporcionó evidencia documental crítica, como metodologías de muestreo, expedientes o actas de planeación, lo que imposibilita una verificación material de los trabajos realizados. Además, se advirtió que no se acreditaron componentes esenciales de la ley, tales como la evaluación del desempeño, el cumplimiento de metas y la revisión integral de leyes de ingresos y presupuestos de egresos.
Otro de los puntos críticos señalados por la diputada Díaz Gayou fue la asimetría en los resultados, donde se identificaron diferencias relevantes en el tratamiento de los entes auditados sin una justificación técnica clara. Asimismo, se alertó sobre posibles violaciones al principio de presunción de inocencia y riesgos en materia de protección de datos personales dentro de los informes públicos presentados.
Finalmente, se aclaró que esta determinación de declarar como no revisadas las cuentas no exime a los funcionarios de sus responsabilidades legales ni sustituye procedimientos administrativos en curso. Por el contrario, la decisión busca forzar una mejora estructural en el sistema de rendición de cuentas del Estado, garantizando que la fiscalización superior deje de ser un trámite burocrático para convertirse en una verdadera herramienta de control democrático y legal.