La 61 Legislatura de Querétaro, durante una sesión de Pleno realizada en el municipio de Huimilpan, aprobó reformas legales que impiden a las personas inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en la administración pública estatal o municipal. La medida busca garantizar que quienes aspiran a servir al Estado actúen con integridad y cumplan con la responsabilidad elemental de proveer para sus hijas e hijos, anteponiendo el interés superior de la niñez como eje rector del servicio público.
Al respecto, la diputada Leonor Mejía enfatizó que el cumplimiento de la pensión alimenticia es una responsabilidad cotidiana y no un simple trámite legal, por lo que esta restricción administrativa funcionará como un mecanismo de presión y justicia social. Con esta aprobación, Querétaro se alinea a las normativas federales que exigen a los funcionarios públicos una solvencia moral y legal mínima, asegurando que la estructura gubernamental sea un espacio libre de omisiones de cuidado que vulneren los derechos de los menores.
